Revista Ideele- Honduras en honduras

Recién graduada de Estudios Internacionales por el Boston College, Lucía Benavides ha preparado un reportaje para ideele sobre lo que significa y ha desencadenado el condenable golpe de Honduras. En él presenta las opiniones de destacados analistas y las suyas, a pesar de lo incierto que resulta aún el desenlace. De lo que sí estamos seguros es de que la buena o mala suerte de este golpe no solo repercutirá en el país en cuestión sino también en la definición de la democracia latinoamericana del siglo XXI.

Recordemos una vez más una escena antes tan frecuente en nuestros países pero que desde hace un buen tiempo parecía ya imposible: La madrugada del pasado 28 de junio, más de doscientos miembros de las Fuerzas Armadas hondureñas rodearon la residencia del presidente Manuel Zelaya en Tegucigalpa y lo obligaron a abordar un avión rumbo a Costa Rica. Las imágenes que circularon por los medios de comunicación internacionales hacían eco de las peores épocas de las dictaduras latinoamericanas, subrayando la ilegitimidad de Roberto Micheletti, el presidente interino nombrado por el Congreso. Mientras se escriben estas líneas, Zelaya y Micheletti negocian el futuro de su país bajo la mediación de Óscar Arias —presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz—. Ambos argumentan que actúan en defensa de la democracia.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) rompieron esquemas al, enfática y casi unánimemente, condenar el golpe. Paradójicamente, Barack Obama y Hugo Chávez se encontraron defendiendo la misma posición mientras los hondureños permanecían divididos en sus opiniones, marchando en favor y en contra del destituido presidente Zelaya.

Hay golpes y golpes

Es evidente que lo que ocurrió el 28 de junio no es una “sustitución constitucional”, ya que en ninguna parte de la Constitución hondureña se otorga a las Fuerzas Armadas el poder de destituir a un Presidente. Las alegaciones en contra de Zelaya serían más fuertes si éste las hubiera enfrentado en una Corte hondureña y no en el aeropuerto de San José.
Los sucesos del 28 de junio tampoco se asemejan a un golpe clásico, ya que fue una decisión de los poderes democráticos: el Presidente había violado la Constitución y, aunque fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, no culminó en un gobierno militar. Shifter lo caracteriza como un “golpe con características particulares”.

Adrianzén lo describe como el primer golpe preventivo contra un Gobierno supuestamente “chavista” o “populista”, el primer golpe de la nueva Guerra Fría en Latinoamérica. “Honduras”, dice Adrianzén, “es una hacienda […] un régimen cerrado oligárquico, y alguien que lo quiera cambiar es rápidamente golpeado.” La crisis es “un debate entre las reglas y la voluntad de la mayoría”.

Un golpe militar no puede ser justificado, menos en un país que estuvo bajo un gobierno militar hasta 1982. Según Shif-ter, la comunidad internacional actuó bien moral y jurídicamente al adoptar una posición tan severa contra del golpe del 28 de junio. Es políticamente alentador que tantos países hayan defendido la democracia y la institucionalidad a pesar de diferencias y rivalidades geopolíticas.

Sin embargo, la comunidad internacional subestimó el efecto polarizante de sus declaraciones iniciales. El 30 de junio, miles de personas se reunieron en la Plaza de Tegucigalpa para demostrar su apoyo al golpe. El 5 de julio, más de 10.000 personas esperaron el regreso de Zelaya en el aeropuerto internacional Toncotín y se enfrentaron a las Fuerzas Armadas, dejando docenas de heridos y causando por lo menos una muerte.
El Gobierno de Micheletti respondió a esta escalada de violencia declarando un toque de queda, limitando la libertad de prensa y suspendiendo temporalmente derechos básicos como la libertad de asociación y de movimiento, y la protección contra las detenciones arbitrarias. Estas medidas ya han sido derogadas.

Zelaya carece de apoyo entre la clase política y hasta dentro de su propio partido. Los partidos Liberal y Nacional —que tienen el apoyo del 90% del electorado hondureño—, la Iglesia Católica y los empresarios no se han sumado a la condena internacional del golpe. Según un sondeo de Cid Gallup difundido el 9 de julio, 41% de la población justifica el golpe, 28% se opone a él y 31% no opina.

Pero ¿qué diferencia a este golpe de los ocurridos en Ecuador, Venezuela o hasta en nuestro propio país? ¿Por qué la OEA expulsó a Honduras por violar la Carta Inter-americana pero no tomó medidas similares después del autogolpe de Fujimori?

Según Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, esto se debe al protagonismo de las Fuerzas Armadas y al contexto de creciente preocupación sobre la inestabilidad de Centroamérica después de los sucesos ocurridos en países como México, Nicaragua y Guatemala.

Chávez y sus aliados apoyaron a Zelaya con tanto fervor —declarando que lo acompañarían en su regreso a Honduras, esperando en El Salvador mientras el avión venezolano en el que viajaba trataba de aterrizar sobre una pista hondureña cubierta de tanques— porque éste había dirigido a su país hacia la órbita del ALBA.
Por su parte, el mandatario estadounidense Barack Obama condenó el golpe tratando de distanciarse de la política latinoamericana de George W. Bush, quien apoyó una medida igual en Venezuela en el 2002 porque el derrocado era Hugo Chávez.

Gino Costa —quien residió en Honduras en los años de las guerras civiles centroamericanas— añade que esta reacción internacional ha sido posible porque Honduras es un país chico con poco peso político, a diferencia de Venezuela, Ecuador, o incluso del Perú. Frente a estas críticas, Roberto Micheletti responde que en su país no ha ocurrido un golpe sino una “sustitución constitucional”.

Los odios y amores de Zelaya con la democracia

Zelaya, quien fue elegido en el 2005 como parte del Partido Liberal, se distanció de la centroizquierda y de los Estados Unidos, el tradicional aliado de Honduras, para desarrollar una relación más cercana con Hugo Chávez. En un país políticamente conservador, la alineación de los empresarios y la clase política llevó a una situación de creciente tensión y redujo la popularidad del mandatario hasta un 30%.
Esta crisis culminó cuando Zelaya propuso llevar a cabo una consulta pública para incluir un referéndum sobre reforma constitucional en las elecciones presidenciales del próximo noviembre. La oposición argumenta que esta consulta seguiría el modelo de Hugo Chávez y sería empleada por Zelaya para posibilitar su reelección cuando termine su mandato de cuatro años no renovables. Alberto Adrianzén descarta estas afirmaciones y señala que un referéndum que se realizaría el día de las elecciones no podría llevar a la reelección del Presidente ese mismo día.

La Corte Suprema y el Congreso declararon la consulta ilegal. Desafiando a los poderes democráticos, Zelaya siguió insistiendo y despidió al Jefe de las Fuerzas Armadas cuando éste se negó a prestar apoyo logístico para la consulta. Horas antes de que ésta se llevara a cabo, el 28 de junio, los militares arrestaron a Zelaya y lo expulsaron del país.

¿Y ahora qué?

Costa afirma que el pronunciamiento de la comunidad internacional no puede quedar en eso: ella tiene que hacerse respetar. Pero, se pregunta Costa, “¿cómo te haces respetar por un Gobierno integrado por fuerzas políticas amigas que han actuado mal al recurrir al golpe de Estado?”.

El gran problema de las negociaciones que está moderando Arias es que éste es un golpe con características particulares, en el que el Ejército, apoyado por los poderes democráticos, derrocó inconstitucionalmente a un Presidente que estaba socavando las bases de la democracia por dentro del sistema. Las acciones de Zelaya y de Micheletti constituyen amenazas para la democracia a largo o corto plazo.

Las negociaciones mediadas por Arias son un esfuerzo para hacer precisamente eso. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, logró hábilmente restarle protagonismo a Chávez y así tranquilizar a las élites hondureñas al apoyar un diálogo entre centroamericanos. Adrianzén se opone a estas negociaciones argumentando que le dan a Micheletti un estatus que no tiene.

Zelaya y Micheletti comienzan este diálogo con posiciones incompatibles. El último ha declarado que el retorno del primero no es negociable; Zelaya ha afirmado que no está yendo a negociar sino a escuchar propuestas de retiro del Gobierno de facto.

Las soluciones propuestas incluyen el regreso de Zelaya a la Presidencia, el mantenimiento del statu quo, el adelantamiento de las elecciones, o una especie de Gobierno compartido entre Zelaya y el Congreso.

El regreso de Zelaya enfrentaría grandes retos de gobernabilidad, pues éste carece de apoyo entre las élites políticas, no tiene partido político y está enfrentado con las otras ramas del Gobierno. Dejar todo como está o el adelanto de las elecciones conllevan problemas de legitimidad del proceso electoral. El establecimiento de un Gobierno compartido entre Zelaya y la Administración actual podría ser demasiado complicado para poder gobernar efectivamente.

Paìs combustible

Honduras es el tercer país más pobre del hemisferio. Sufre de un serio problema de violencia juvenil y tiene una de las más marcadas diferencias socioeconómicas de la región, pero nunca ha sido un país tan dividido.

En esta etapa posgolpe Shifter recomienda tomar en cuenta cuestiones de gobernabilidad y violencia, además las relativas a la legitimidad. Quizá una posición más dura resultó necesaria al principio, pero el aislamiento político y el congelamiento de la ayuda internacional no fueron muy mesurados ni llevaron a la formación de acuerdos.

Las sanciones económicas y diplomáticas castigan a los más pobres: 59% de los 7,2 millones de habitantes de Honduras viven en la pobreza, y 36,2%, en la extrema pobreza. Honduras depende mucho de los programas de créditos internacionales, y solo con el congelamiento de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha perdido 200 millones de dólares al año.
Por otro lado, Adrianzén apoya el aislamiento político de Honduras, el uso de sanciones y el regreso de Zelaya sin condiciones. Sin este tipo de presión, añade, no se hubiera podido frenar, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica. “Todo cambio implica cierto grado de enfrentamiento”, opina, especialmente en un “país muy conservador con una oligarquía reaccionaria y unas Fuerzas Armadas que son un poder muy fuerte y que controlan el sistema en alianza con los partidos tradicionales”.

Es todavía muy temprano para decir qué precedente deja esta crisis sobre la democracia en la región. Por un lado, es positivo que la comunidad internacional haya condenado el golpe. Sin embargo, no debemos caer en dobles estándares que permitan a gobiernos golpistas declararse defensores de la democracia porque luchan contra los golpes que derrocan a sus aliados.

Al mismo tiempo, enfatiza que “no tiene sentido contar con democracias en países empobrecidos, atrasados. La democracia requiere condiciones materiales: progreso, igualdad, y que se ponga fin a la oligarquía”. Él ve la crisis en Honduras como una oportunidad para cambiar una democracia electoral por una democracia ciudadana.

El golpe en Honduras es la crisis política más importante en Centroamérica desde el final de la Guerra Fría. Ojalá esta crisis no se convierta en una competencia de aprovechamientos políticos, ni en una proyección de rivalidades geopolíticas: que sea, más bien, una real y pragmática defensa de la democracia que tome en cuenta la situación particular y los intereses de los hondureños. Lo que está en debate es qué tipo de democracia queremos para América Latina.


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